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La Junta resolverá los contratos con aquellas empresas que no paguen a sus trabajadores y con las que tributen en paraísos fiscales

El Gobierno de Castilla-La Mancha resolverá los contratos con las empresas contratistas que no abonen las nóminas a sus trabajadores durante más de dos meses, así como con aquellas que tributen en paraísos fiscales.

Toledo, 3-05-2016.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Palacio de Fuensalida de Toledo para informar sobre el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y sobre las recientes reuniones bilaterales mantenidas con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (Foto: Álvaro Ruiz // JCCM)

Así se establece en la instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del sector público regional que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno y de la que ha dado cuenta en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

En esta instrucción, también se establece como causa específica de resolución del contrato que la empresa abone salarios por debajo de lo fijado en el convenio colectivo y que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social.

Además de que la empresa adjudicataria no adopte las medidas obligatorias de seguridad e higiene.

“Es la primera vez que se aprueba esta instrucción en la historia de la comunidad, nos situamos a la vanguardia de las administraciones públicas en lo que se refiere al régimen de contratación”, ha resaltado el consejero, quien ha dicho que se aplicará con los nuevos contratos que se formalicen tras la publicación de la normativa en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En concreto, habrá cláusulas que serán obligatorias para todos los contratos, como el no tributar en paraísos fiscales; que los productos y servicios tecnológicos sean accesibles para personas con discapacidad, y que no se utilice lenguaje sexista en la redacción de la documentación de los expedientes de contratación.

También que el Gobierno regional fije el presupuesto máximo de licitación contando con los costes salariales, según los convenios colectivos vigentes.

Por otra parte, habrá otra serie de cláusulas sociales que serán obligatorias en función del tipo de contrato, entre las que destacan que la empresa adjudicataria acredite mediante declaración responsable la afiliación y el alta a la Seguridad Social de los trabajadores y que garantice la igualdad entre hombres y mujeres.

Además, será necesario que adopten medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de género, así como iniciativas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores.

Otra novedad será que en las nuevas contrataciones de personal durante la ejecución del contrato se deberá hacer respetar la normativa que en materia de empleo establece los colectivos prioritarios, es decir, se debe contratar a las personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo.

En relación con la subrogación, se fija que, con independencia de lo que recojan los convenios colectivos, será obligatoria la inclusión de una cláusula que establezca la subrogación de los trabajadores, con respeto absoluto a los derechos económicos y laborales que tuvieran reconocidos.

Ruiz Molina ha precisado que las cláusulas de carácter laboral se introducirán también en el Pacto por la Estabilidad en el Empleo, en el que el Gobierno regional está trabajando con los representantes de los trabajadores.

Por último, hay un tercer tipo de cláusulas, que son de carácter voluntario y que varían en función de cada contrato, entre las que se encuentran la reutilización o reciclaje de envases y productos usados, su correcta eliminación a través del gestor autorizado y la recogida selectiva de residuos.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha añadido que la instrucción recoge la necesidad de reservar determinados contratos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción.

Este mandato ya se aprobó en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha de 2016 y la Consejería trabajan con la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo para determinar qué actividades de las desarrolladas por la Administración regional pueden ser ejecutadas por estos centros.

ho, “perfectamente calculada” en caso de celebración de nuevas elecciones.

“No nos podemos permitir una rebaja fiscal de esas características cuando tenemos la hucha de las pensiones en una situación financiera tan dramática”, ha concluido Ruiz Molina.

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