¡ALERTAS!

¿Golpe de Estado?

La situación en Cataluña es cansina para la mayor parte de ciudadanos de España, lo que incluye también a los ciudadanos de Cataluña: se ha edificado desde las estructuras de poder autonómico una realidad paralela en la que todo gira sobre uno de los miles de asuntos, el referéndum, que pudiera pretender la comunidad política de esa nacionalidad, dejando en un segundo plano el resto de cuestiones atinentes a los derechos de los ciudadanos.

Hasta tal punto domina la idea madre, que se articuló una unión de partidos de todo tipo e ideología, para presentarse a las elecciones autonómicas, y una mayoría de votantes dio el visto bueno, con ello, a que el único tema importante de su gobierno, habría de ser una consulta sobre la independencia.

El electorado conocía previamente la inconstitucionalidad de cualquier referéndum que no se hiciera desde el aparato del Estado Central, pero estuvo y está en su derecho de utilizar el voto como mecanismo de presión política para ello, e incluso como forma generar temor en quienes hacen los presupuestos del Estado para que les tengan más en cuenta (es probable que muchos de los apoyos de Junts pel Sí solo tuvieran esa intención, llamémosle “a la vasca”).

Ahora bien, pasado el tiempo, las autoridades de Cataluña no consiguen que el Estado celebre un referéndum según ellos quieren, y amenazan, supongo que solo y una vez más como mecanismo de presión, con proclamar la independencia de ese territorio.

La verdad es que el problema es gravísimo pero, desgraciadamente al ser meramente político-sentimental, no tiene otra solución, desde el punto de vista jurídico, que cumplir la ley democrática. Así, tan solo cuando el presidente de la Generalitat hiciese la proclamación de independencia, se deberían activar los mecanismos constitucionales al respecto, pues estaríamos ante una quiebra del orden constituido.

No creo que los españoles, en general, debiéramos ponernos nerviosos, aunque sí preocupados y tristes, pues los caminos son pocos: tenemos el deber de proteger los derechos de nuestros ciudadanos, de todos, y los gobernantes (de Madrid o Barcelona), no los pueden reventar con ninguna excusa.

Luego se pueden sumar muchos argumentos sobre la unidad de España, etcétera, etcétera, pero la única realidad es que una declaración de independencia es un ataque frontal, sin posible cobertura jurídica nacional o internacional, frente a los derechos humanos fundamentales de toda la ciudadanía con vecindad civil en Cataluña, y quienes estén detrás de esa declaración estarán incurriendo en una multiplicidad de delitos.

Enrique Belda Pérez Pedrero

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