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Tres huérfanos toledanos por violencia machista verán incrementadas sus pensiones con carácter retroactivo

Le ley señala que el condenado  pierde el derecho a pensión de viudedad y que con ella se incrementarán las pensiones de orfandad. La Seguridad Social sí se ahorró la primera, pero no incrementó las segundas 

El juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha reconocido el derecho de tres niños huérfanos por violencia machista a que la Seguridad Social les incremente la prestación de orfandad del 20% al 52% de la base reguladora; y que lo haga con efectos retroactivos desde el 19 de junio de 2009, cuando la Audiencia Provincial de Toledo condenó el padre de los menores como autor del homicidio de la madre.

La sentencia, contra la que cabe recurso en suplicación ante el TSJ-CLM, es muy crítica con la actuación de la Seguridad Social, que después de denegar en varias resoluciones las reclamaciones que venía planteando la abuela de los niños -que se hizo cargo de los nietos desde el asesinato de su hija y fue reconocida como tutora legal en 2014- sólo aceptó reconocer el derecho al incremento de la pensión de orfandad desde mayo de 2015.

La magistrada de lo Social de Toledo recuerda que desde que el padre fue condenado por el asesinato de la madre, “perdió su condición de hipotético beneficiario de la pensión de viudedad”, y la Seguridad Social, que ya no tenía que reconocer a nadie esa pensión, debió “incrementar de oficio el porcentaje de la prestación de orfandad” de los tres niños; tal y como establece la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; que entró en vigor en enero de 2008 y que a su vez motivó la modificación, por Ley 26/2015, de la Ley General de la Seguridad Social.

La magistrada explica que “la finalidad de la LO 1/2004 era solventar la especial desprotección en la que se encuentran los huérfanos de violencia de género. No solo pretende impedir el percibo de una prestación por parte del autor de una muerte dolosa, sino que también y especialmente persigue proteger a los menores huérfanos”

Por ello, desestima los argumentos esgrimidos por la Seguridad Social sobre plazos reglamentarios supuestamente incumplidos por la abuela de los niños, y subraya que era a la Seguridad Social a la que “correspondía incrementar de oficio la prestación de orfandad de los menores y abonar las diferencias económicas”, más aún cuando “conocía las circunstancias del fallecimiento” de la madre “y la prisión provisional del padre, y además era conocedora de que por tal hecho no se había concedido pensión de viudedad alguna.”

Censura además la pretensión de la Seguridad Social de “hacer depender los derechos económicos” de los huérfanos de que así lo solicitaran expresamente los beneficiarios; y recalca que “en modo alguno es exigible a la persona que se ha hecho cargo de ellos desde que estos tenían 4 meses y 3 y 4 años, que además de criarlos, educarlos y de atender sus necesidades básicas, está incursa en procedimientos penales por el fallecimiento de su hija y de privación de la patria potestad del padre de los menores para poder ser reconocida tutora legal, deba también estar al corriente de las reformas legislativas (de la Seguridad Social) para garantizar y salvaguardar los derechos económicos de los que son acreedores sus nietos”

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