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Otoño caliente si el Gobierno no incluye en los presupuestos la jornada de 35 horas en la Administración

CSIF negocia con Hacienda incluir la jornada de 35 horas en la Administración en los Presupuestos de 2018 y  no descarta  “medidas de presión a partir de septiembre” 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, iniciará mañana conversaciones con el ministerio de Hacienda para incluir la jornada de 35 horas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, así como la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos.

En una reunión prevista con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, CSIF trasladará su preocupación, tras confirmarse la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas en Andalucía por parte del Tribunal Constitucional y no descarta iniciar medidas de presión en toda España, a partir de septiembre.

El sindicato toma la palabra al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro que, recientemente se mostró abierto a incluir esta medida en las cuentas del Estado para el año que viene. CSIF cree que debe permitirse en todos aquellos ámbitos y sectores en los que haya acuerdo entre la representación sindical y la Administración, tanto a nivel central, como autonómico o local.

El sindicato ha abordado esta cuestión con los partidos y grupos parlamentarios. A lo largo de los últimos meses, el presidente del sindicato, Miguel Borra, también ha tratado este asunto en una ronda de contactos con los diferentes presidentes autonómicos, entre ellos Emiliano García-Page, para crear el espacio de interlocución necesario para impulsar esta medida reivindicada por el colectivo de empleados públicos.

Dependencias desbordadas

El sindicato defiende las 35 horas como una medida de creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, que en determinados sectores y ámbitos de la Administración, se encuentran desbordados por el deterioro sufrido por la pérdida de personal durante los años de crisis económica.

Por tanto, CSIF entiende que esta medida debe incluirse en la negociación abierta con la Administración, en materia de empleo público, así como en materia de recuperación de condiciones laborales (descuentos por incapacidad temporal y recuperación del poder adquisitivo, entre otros temas).

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