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Molina : “Page derrocha para pagar los privilegios de Podemos pero recorta el presupuesto a la Universidad poniendo en peligro el futuro de los jóvenes de la región”

Pregunta qué tiene que decir de todo esto José García Molina, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha metido a vicepresidente del Gobierno gracias a Page

 La senadora del PP  Cristina Molina ha indicado que los jóvenes universitarios de la región “también son vítimas de los engaños del Gobierno social-comunista de Page y Podemos” y ha recordado que, en octubre de 2013, Page aseguraba, en Ciudad Real, que la Universidad era la joya de la corona de Castilla-La Mancha. Además, ha destacado que, en su investidura, Emiliano García-Page dijo que se le debe garantizar la financiación suficiente y pactar con el mundo universitario el mapa más adecuado actualizando titulaciones, optimizando recursos e incrementando la calidad docente, científica e investigadora. “Pero Page mentía, como siempre hace”, ha aseverado.

Cristina Molina está convencida de que Page y Podemos serán los únicos responsables si la UCLM se hunde y ha lamentado que hayan propuesto un recorte de 20 millones de euros que provocaría reducciones de personal con la congelación de plantilla de nueva incorporación, la eliminación del personal investigador, la reducción del profesorado asociado y la eliminación de la acción social, la supresión de ayudas y becas a estudiantes, la cancelación de programas de movilidad, el plan propio de investigación y acciones de fomento de los másteres universitarios, la reducción de los gastos de centros o la supresión de obras.

Está convencida que desde el Gobierno de Page solo han conseguido crear falsas esperanzas sobre un pacto de sostenibilidad económica de la Universidad, provocando en toda la comunidad universitaria un sentimiento de engaño por parte de un presidente al que parece que la Universidad no le importa nada en absoluto.

Además, se ha referido a la denuncia realizada recientemente por el Foro de Profesores Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acusando Emiliano García-Page y a sus socios de Gobierno de Podemos de iniciar el desmantelamiento de la Universidad con el cierre de grados como el de Geografía en Ciudad Real y los de Gestión y Administración Pública de Toledo y Albacete.

Ante esta situación, ha preguntado qué tiene que decir de todo esto José García Molina, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha metido a vicepresidente del Gobierno gracias a Page. Según ha manifestado, desde que está en su despacho oficial de Fuensalida con buen sueldo, chófer, secretaria y un buen número de asesores de Podemos “no se acuerda de la Universidad” y va a permitir que sus compañeros y sus alumnos se echen a la calle para protestar contra un Gobierno al que él mismo pertenece y contra unos recortes que está consintiendo.

Además, ha asegurado que “es vergonzoso que el PSOE eche la culpa de esta situación al PP y que culpen a los demás de la mala gestión de su presidente”. Está convencida de que los jóvenes de Castilla-La Mancha van a pagar esta nefasta forma de gobernar y ha preguntado dónde están los sindicatos estudiantiles y de profesorado en estos momentos.

Por otro lado, y cuando estamos a unos días de la celebración del Día Internacional Contra la Violencia de Genero, ha asegurado que le parece “lamentablemente que no se pongan medios para paliar de forma efectiva los casos de violencia de género entre los jóvenes dejando sin ejecutar de forma completa el presupuesto de la UCLM destinado al Instituto de la Mujer”.

Según ha denunciado, los Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha “son los grandes olvidados por Page” ya que, en 2016, se destinaron casi 500.000 menos que en el año 2012, con el anterior Gobierno del PP, a pesar de que el presupuesto aumentó a lo largo de estos años. No se puede permitir, en su opinión, la reducción de presupuesto en materia de igualdad así como el recorte en la asistencia jurídica a víctimas de violencia de género ya que, en estos presupuestos, va a bajar la aportación la asistencia jurídica procesal a víctimas de violencia de género, que ha pasado de 50.000 en 2015 –con el anterior Gobierno del PP- a 20.000 euros en las cuentas públicas que se están tramitando para 2018.

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