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Guerra Civil: justicia, derecho y dignidad sin utilizar los muertos

Cada semana en España, estos días en mi tierra, se promueven actuaciones de homenaje a represaliados en la guerra y la represión. Es un tema que no debe ser tabú, por delicado que se presente, y que creo que debe ser resuelto de una vez, al menos en la filosofía, desde una visión estrictamente jurídica, que no es una perspectiva neutra: también a la luz de los valores de nuestra Constitución lo meramente jurídico es además justo y digno (arts 1.1. y 10.1).

Durante los cuarenta años posteriores a la Guerra Civil Española, hasta 1977, el bando vencedor se dedicó a reivindicar los muertos y asesinados por el bando republicano. Tras esa fecha, y con toda lógica, las familias de los muertos de ese otro lado y las élites pensantes recuerdan por todos los medios a su alcance, incluidos los legislativos, la memoria de aquéllos.

Todo ello es de lo más natural, y la clase política y mediática debería respetar esta realidad sin extraer consecuencias arrojadizas a las cabezas de los oponentes políticos actuales. El único problema con las víctimas de nuestra guerra, como ya ocurriera con el franquismo, es su manipulación para falsear o reescribir la historia, o el intento de buscar paralelismos con cualesquiera posturas actuales.

Es una exigencia de la justicia, de la ley y de la dignidad, que todo el mundo pueda reclamar información sobre donde se encuentran los restos de los que murieron en la guerra y la posguerra, para enterrarles, homenajearles o simplemente recordarles. No puede haber para ello una clasificación de víctimas por su origen, confesión o localización geográfica.

Hoy, no debe perpetuarse la dinámica franquista de establecer una categoría de buenos y malos, cuando fueros verdugos de España y de su incipiente intento democrático los dirigentes de ambas facciones, que después de la sangría autóctona espontánea de los primeros meses de guerra, actuaron como títeres de las potencias totalitarias que se enfrentarían cuatro años después.

Ahora bien, eso no quita que en 2018 siga siendo indigno e injusto que no sepan, ni las familias ni la sociedad, qué pudo suceder, más o menos, con sus seres queridos, estuvieran peleando en el frente, o fuera “paseados” en la retaguardia. Y aquí los poderes públicos tienen una obligación, meramente genérica, de ayuda sobre todo lo que sucedió entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, porque no se puede pretender una reparación individualizada tras desgranar, una a una, las centenares de miles de muertes y, mucho menos, pese a lo que algunos reiteren como si les fuera la vida en ello (antes de un lado y ahora de otro), determinar el origen del mal en los líderes de un único bando.

Lo que ya he manifestado en otras ocasiones es, sin embargo, que sí puede observarse una clarísima responsabilidad sobre las muertes producidas a manos de agentes del Estado a partir del 1 de abril de 1939 cuando el bando vencedor, ya no es tal bando, sino que es Estado español, y se dedica a ganar de nuevo a los ya vencidos desde una posición alevosa de total sometimiento a la población. En esos casos, que son muchos de los que se quejan las familias que aún piden justicia y huesos, el Estado (también los entes locales y territoriales) debería asumir una posición clara y activa, y materializarla en cosas más útiles que revisar nombres de calles, o perderse en el marasmo de las responsabilidades de guerra. Finalizada la guerra, sí que hay una clara responsabilidad reparadora, aunque no pueda serlo ya penal.

Enrique Belda Pérez Pedrero

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