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La adjudicataria del Aeropuerto de Ciudad Real ofrece un crédito para pagarlo

CRIA, la empresa adjudicataria,  ofrece al juez  la cesión de crédito de la condena dineraria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a favor del presidente de esta mercantil, para pagar la compra del Aeropuerto ciudadrealeño

Efe/ CR International Airport S.L. (CRIA) ha ofrecido este jueves pagar los 53,3 millones de euros de compra del Aeropuerto de Ciudad Real con la cesión de crédito de la condena dineraria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a favor del presidente de esta mercantil, Rafael Gómez Arriba.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, que se encarga del procedimiento concursal de la empresa CR Aeropuertos S.L. por el que se puso a la venta el aeródromo manchego, ha dado a conocer que CRIA ha presentado hoy en el juzgado un documento en el que se ofrece abonar de esta forma los 53,3 millones de la totalidad del precio de compra de la instalación areoporturaria.

En un escrito de alegaciones presentado ante el juzgado, CREI ofrece también pagar las cantidades adeudas en concepto de pago de gastos de mantenimiento de la infraestructura, según lo acordado en los autos de 23 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018.

El magistrado Ordóñez señala que CRIA ha presentado una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 5 de julio de 2018, que viene a declarar firme la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Baleares, por la que se condena a la comunidad autónoma balear al pago de una cantidad cercana a los 87 millones de euros al empresario Rafael Gómez Arriba.

Junto a esa resolución judicial, la empresa adjudicataria provisional de la infraestructura manchega ha aportado también escritura notarial de reconocimiento de deuda y de cesión del crédito para pago del precio pendiente de pago por la compra del aeropuerto.

En su escrito, CRIA ofrece la cesión del crédito que ha obtenido de la condena dineraria dictada por el TSJ de Baleares para pagar la totalidad del precio de compra del aeropuerto de Ciudad Real.

A la vista de estos escritos, el juez Ordóñez ha pedido que se oiga a la administración concursal, a la empresa concursada y a los acreedores personados en el procedimiento para que, en el plazo de un día, que finalizará a las 15 horas del viernes, 13 de julio de 2018, aleguen lo que estimen oportuno a la propuesta de pago hecha por CRIA.

También ha decidido dar traslado al ministerio fiscal a los mismos efectos.

La providencia recoge, además, que el juzgado dará traslado del escrito y de la documentación aportada por CR International Airport S.L. únicamente a la administración concursal y al ministerio fiscal, en cumplimiento de la ley y el reglamento de protección de datos personales, porque la documentación incluye datos de carácter personal que deben ser protegidos.

De ser aceptada la propuesta de pago hecha por CRIA, el magistrado dictará el 17 de julio de 2018 un auto que supondrá la finalización definitiva del proceso de venta de la infraestructura aeroportuaria a la adjudicataria provisional.

De este modo, se podrá proceder a la firma de la escritura notarial de compraventa en fecha 18 de julio de 2018, y la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, en la providencia el magistrado señala que si se aceptara la propuesta de pago hecha por CRIA, el concurso quedaría subrogado en dicho crédito y en su ejecución, pago que se tendría que llevar a cabo por parte de la comunidad autónoma de Baleares en un plazo de 4 meses, según la ley sectorial.

El magistrado faculta a la administración concursal para arbitrar acuerdos con entidades financieras que permitan a los acreedores con crédito contra la masa del concurso reconocido el cobro inmediato, si es que así lo quieren, de dicha deuda con un porcentaje de descuento sobre la deuda por pronto pago.

En caso de producirse dichos acuerdos entre la administración concursal y las entidades financieras, deberán ser autorizados judicialmente.

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