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Jornada internacional de la discapacidad: avances en el voto

Hasta este momento en España, cuando incapacitaban a una persona le quitaban su derecho de voto automáticamente.

El Parlamento español ha estado trabajando en este problema en la presente legislatura. Al tiempo de publicarse estas líneas se está promulgando una reforma del muy criticado art. 3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General fruto de la iniciativa de una Proposición de Ley originada en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo espíritu ha sido asumido de manera unánime por todas las fuerzas con representación parlamentaria, y que constituye, respecto del problema que tratamos, una especie de huida hacia delante.

Con acierto, el nuevo art. 3 de la norma electoral declara que todas las personas, sin distinción alguna, son titulares del derecho de sufragio, que ha de ejercerse libre y voluntariamente, al tiempo que, por una Disposición Adicional en la LOREG, se reestablece el derecho a voto a todos los privados hasta ese momento del mismo, en razón de su discapacidad.

De esa manera, el Estado español está evitando la retirada automática del voto y, lo que a mi juicio es mucho más relevante, está definiendo un contenido del derecho de sufragio para todas las personas, sin entrar en categorías entre los censados (el nuevo art. 3.2 LOREG lo hace: “Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.”). En la parte aún por aclarar está el principal problema derivado de esta definición del voto: la constatación de la “consciencia” y de la “voluntariedad”.

Queda pendiente conformar el contenido de lo que es la misma, para todos los miembros del cuerpo electoral, lo que va a ser difícil pues tan sólo cuando exista una fundada sospecha de la concurrencia de consciencia y voluntariedad (es decir, volvemos al punto de inicio, cuando se procede a una incapacitación), va a ser el momento en el que los tribunales detectarán la pertinencia de la privación de sufragio en cada hombre o mujer.

Como puede también observarse, a la vista de la reintegración automática de personas privadas del voto por sentencia firme, a través de una nueva Disposición Adicional, se ha dado por supuesto que entre ellas, de principio, todas tienen consciencia y voluntad, lo que introduce en el sistema de participación, a salvo de procesos civiles futuros que rara vez se instarán por el entorno de los ciudadanos afectados, una parte del colectivo de personas con discapacidad intelectual que objetivamente, por su afectación severa, no podrán ejercitarlo cumpliendo con los propios requisitos que les termina de establecer el art. 3.2 LOREG.

Enrique Belda Pérez Pedrero

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