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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirma que Nieva ha vulnerado los derechos de participación política de los consistorios

Así lo ha asegurado el diputado nacional José Alberto Martín-Toledano quien ha afirmado que  la falta de transparencia del SCIS no es un caso aislado y recuerda que el Juzgado de los Social número 1 de Ciudad Real, en una sentencia del 27 de diciembre de 2017, condenó al SCIS por vulneración de los derechos sindicales de los representantes de los trabajadores al negarles información.

Asegura que, ayer mismo, el presidente del SCIS no respondió ni a una sola de las 21 preguntas formuladas por el propio Martín-Toledano y que tampoco le facilitó la información requerida, con lo que volvió a vulnerar el derecho constitucional de los ayuntamientos gobernados por el PP.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado que el presidente del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS), el socialista Julián Nieva, vulneró los derechos de participación política de los ayuntamientos.

Según ha explicado el diputado nacional José Alberto Martín-Toledano en rueda de prensa, en una sentencia del 16 de noviembre de 2018, se confirma que los ayuntamientos estaban en su derecho cuando solicitaron la convocatoria de una asamblea extraordinaria del SCIS, se anulan dos resoluciones del presidente y se le obliga a convocar dicha asamblea.

El diputado nacional ha señalado que la falta de transparencia del SCIS no es un caso aislado y que “llueve sobre mojado”, y ha recordado que el Juzgado de los Social número 1 de Ciudad Real, en una sentencia del 27 de diciembre de 2017, condenó al SCIS por vulneración de los derechos sindicales de los representantes de los trabajadores al negarles información sobre determinados contratos y le obliga a facilitar información, sin embargo, el SCIS continúa un año después sin facilitarla.

José Alberto Martín-Toledano ha denunciado, también, que, ayer mismo, formuló en la asamblea del SCIS 21 preguntas y petición de información, por escrito y con 24 horas de antelación -tal y como marca la Legislación de Régimen Local- con la advertencia de que muchas de ellas se vienen solicitando desde hace años sin que el presidente responda o facilite dicha información.

En una de esas preguntas, se pedían explicaciones sobre las horas extras que cobran algunos bomberos ya que en 2015 se pagaron 300.000 euros en ese concepto, en 2016 se pagaron 600.000 euros y, en 2017, un millón de euros. No entiende el diputado nacional por qué se paga un millón de euros en horas extraordinarias cuando se despide a 27 trabajadores, ni por qué hay bomberos que llegan a cobrar 5.000 euros mensuales de sueldo y otros no.

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