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La Junta destinará más de 1 millón de euros a ayudas para la formación de trabajadores de ayuntamientos y diputaciones

El objetivo de estos planes de formación es impulsar la capacidad de gestión, adaptación y liderazgo de los trabajadores de las administraciones públicas, así como mejorar el servicio público que se presta a la ciudadanía.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas convoca las subvenciones para la financiación de planes de formación destinados al personal empleado público de entidades locales, que ascienden a 1,2 millones de euros y que tienen como objetivo impulsar la capacidad de gestión, adaptación y liderazgo de los trabajadores de las administraciones públicas, así como mejorar el servicio público que se presta a la ciudadanía.

La convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de estas subvenciones, que se publica hoy en el Diario Oficial De Castilla-La Mancha (DOCM), se enmarca en el Acuerdo para la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP).

Las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán ser los ayuntamientos y diputaciones provinciales, que podrán promover planes unitarios o agrupados de formación para sus empleados públicos, y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM), encargada del desarrollo de planes interadministrativos.

Así y de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas el año pasado, se podrán subvencionar planes de formación unitarios, que engloban al personal de una sola entidad local con al menos 200 empleados públicos; planes de formación agrupados, que incluyen al personal de dos o más entidades locales, y planes de formación interadministrativos de carácter autonómico, destinados al conjunto de empleados públicos locales de la región.

Los interesados en optar a estas subvenciones podrán cumplimentar y presentar de forma electrónica sus solicitudes a través del portal FEDAP, que será accesible desde el apartado ‘Promotores de formación Administración Local’ de la página web de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha http://www.ear.castillalamancha.es

El Ejecutivo regional ha establecido 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOCM, como plazo para la presentación de solicitudes.

Inicialmente se prevé que el 33,33 por ciento de la cuantía de la subvención se destine a planes unitarios, el 43,75 por ciento a planes agrupados y el 22,95 por ciento a planes unitarios. En caso de que haya cuantías que no sean consumidas en la convocatoria de un tipo de plan concreto, se destinarán a incrementar la cuantía de los otros tipos de planes convocados.

La cuantía de la subvención a los beneficiarios se determinará en función de la puntación que obtengan en los criterios de valoración, con el límite máximo de 350.000 euros por plan y entidad beneficiaria. El importe de la subvención no podrá superar en ningún caso el coste total del proyecto o actuación.

Los criterios que se valorarán a la hora de otorgar la subvención a las solicitudes presentadas serán el número total de empleados que integren la plantilla de la entidad local promotora, que será el criterio con mayor peso; la adecuación a las prioridades de formación establecidas por la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local de Castilla-La Mancha; la evaluación y seguimiento de los planes de formación, de acuerdo a la elaboración del estudio de detección de necesidades del plan y a los recursos humanos y económicos destinados a la formación, y el grado de ejecución de las subvenciones percibidas en ejercicios anteriores.

La convocatoria de las subvenciones publicada hoy en el DOCM establece que, de acuerdo con lo fijado en la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local de Castilla-La Mancha, serán prioritarios los planes de formación sobre protección de datos y seguridad de la información; prevención de riesgos laborales; administración electrónica; transparencia; igualdad de género; la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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