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Admiten a trámite la querella criminal presentada por un polícia local contra la alcaldesa de Puertollano

El juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano  ha admitido a trámite una querella criminal contra la alcaldesa Mayte Fernández, la Junta de Gobierno Local y varios funcionarios, interpuesta por un policía local que fue suspendido de empleo y sueldo cautelarmente por un periodo de seis meses.


Según ha dado a conocer en nota de prensa el policía denunciante, Agustín Roque, se ha señalado para el día 28 de enero, a las 9.30 horas, la declaración de la alcaldesa de Puertollano, así como de los instructores de diversos expedientes relacionados con el mismo funcionario, al considerar que se desprenden indicios de posible comisión de un delito de prevaricación administrativa.

La acusación considera que la Administración municipal redactó diversos expedientes disciplinarios “artificiosos” y anulados posteriormente en vía judicial. “Ahora, quienes tomaron aquella decisión apartada de lo que marca la legislación habrán de explicar los verdaderos motivos por la que impusieron aquella medida disciplinaria”, ha señalado Roque. A su juicio, el denunciante fue objeto de “una presunta persecución y escarnio”.

Los hechos denunciados están relacionados, entre otros casos, con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real que anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puertollano por el que, como medida cautelar, se suspendió de empleo y sueldo durante seis meses al policía local tras ser denunciado por amenazas graves contra otro policía en enero de 2017.

La sentencia del contencioso, de 7 de junio de 2018, desestimó la decisión de la Junta Local de Gobierno, dando la razón al demandante en sus alegaciones relativas a la “desproporción de la sanción, a la falta de justificación, así como a la falta de motivación respecto de la resolución impugnada”.

Ese expediente disciplinario, y otros relacionados con el mismo agente, son los que ahora se llevan al juzgado. Según Roque, “la Junta de Gobierno Local impuso la media de suspensión de empleo y sueldo, en su extensión más gravosa y dura, cuando la justicia ha manifestado en resoluciones firmes que el policía no había hecho nada para merecer aquella condena”.

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