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Junta y Liberbank ponen a disposición de los castellano-manchegos más de 200 viviendas a precios asequibles

Estas viviendas se ofrecerán a demandantes del registro autonómico en régimen de compraventa y alquiler a precios asequibles

 El Gobierno regional, a través de la Consejería de Fomento, ha suscrito un convenio con Liberbank para poner a disposición de los ciudadanos de Castilla-La Mancha más de 200 viviendas con protección pública distribuidas por el todo el territorio regional. Esta firma viene a ratificar el compromiso que adquirieron ambas partes en diciembre de 2018.

El convenio tiene como objeto establecer un marco de colaboración para fomentar el alquiler social y/o venta de viviendas protegidas titularidad de esta entidad en Castilla-La Mancha, movilizándolas en favor de personas que figuren como demandantes en el registro público de la Comunidad Autónoma.

De este modo, se ponen a disposición de los ciudadanos de Castilla-La Mancha que lo necesiten viviendas en régimen de compra y/o de alquiler a precios asequibles determinados de acuerdo con la normativa de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública. “Son recursos que hay que canalizar para poner a disposición de la ciudadanía”, ha dicho Agustina García Élez.

La titular de Fomento del Gobierno regional ha rubricado este contrato con la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Liberbank, Ana Echenique y también ha estado presente el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo. Por parte de la entidad, además ha acompañado el director territorial de Banca Comercial de Liberbank en Castilla-La Mancha, Carlos Martín-Forero.

Con este acuerdo, Liberbank comparte ese interés para que las viviendas que son de su titularidad sirvan para dar acceso a ellas a las personas que están en el registro de demandantes de la Junta de Comunidades. En este caso, son más de 200 viviendas las que serán objeto de alquiler o compra en cerca de treinta municipios como La Roda (Albacete), Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Torrijos (Toledo) o Quintanar del Rey (Cuenca), entre otros.

García Élez ha recordado que esta “es una de las competencias de este Ejecutivo, la de fomentar alquileres o compra de viviendas a precios asequibles, sobre todo, aquellas que ya tienen algún tipo de protección”. En este camino, el Gobierno de Castilla-La Mancha busca facilitar el acceso a la vivienda a las familias castellano-manchegas y “lo estamos haciendo de la mano de colectivos e instituciones que ocupan un papel relevante en nuestra sociedad”, como los trabajadores sociales, los arquitectos y arquitectos Técnicos, notarios, registradores de la propiedad, o entidades financieras como ésta.

Este es el tercer convenio que la Consejería de Fomento materializa en esta línea, después de hacer lo propio con Bankia y con Caixabank, con la finalidad de movilizar las viviendas de estas entidades, y que están sujetas a protección pública, para que los demandantes puedan optar a las mismas, ya sea en alquiler o en compra. Para estas gestiones, el Gobierno regional se ofrece como mediador entre los destinatarios y los bancos.

 

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