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Castilla-La Mancha es la única autonomía que “penaliza”a sus funcionarios en casos de baja médica

CSIF pide a la Junta acabar con la penalización a sus 70.000 empleados en casos de baja médica porque como recuerda el sindicato, Castilla-La Mancha es única autonomía que mantiene la medida, eliminada en toda España en marzo de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Ejecutivo regional el fin de los recortes salariales en la baja médica de los empleados públicos de la Junta de Comunidades, siendo la única autonomía que mantiene esta medida discriminatoria, que se implantó en 2012 por medio la conocida ‘Ley Cospedal’ y terminó en el ámbito estatal en marzo de 2018 gracias al II Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado por CSIF con el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha los trabajadores que dependen de la Administración regional, unos 70.000 de los que unos 20.000 trabajan en Ciudad Real, sufren todavía una pérdida en su nómina del 50% durante los tres primeros días de baja por contingencia común y del 25% entre el cuarto y vigésimo día de baja (el descuento salarial concluye a partir del vigésimo primer día).

Mantener este recorte, instaurado bajo el pretexto de reducir el absentismo, supone un desprecio hacia la profesionalidad del conjunto de los empleados públicos de Castilla-La Mancha. Así, CSIF reclama no sólo su fin, sino que el Gobierno regional derogue de una vez por todas la ‘Ley Cospedal’, que mantiene derechos sustraídos frente a otras comunidades que los han recuperado.

Mejoras conseguidas

CSIF recuerda que las mejoras conseguidas, tales como la jornada laboral de 35 horas, el aumento de la tasa de reposición y el incremento retributivo superior al 8% hasta 2020, proceden del II Acuerdo Nacional de Mejora del Empleo Público, de marzo de 2018, en el que aparecía precisamente recogido el fin de las penalizaciones por incapacidad.

De esta forma, CSIF pide a la Junta de Comunidades un compromiso real con sus trabajadores de cara a la negociación del próximo Acuerdo de los Empleados Públicos de Castilla-La Mancha, donde también es prioritario recuperar el Plan de Acción Social e implantar la carrera profesional para los 70.000 trabajadores que dependen de la Administración

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