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Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Villarrubia ya no pueden más con los insultos y amenazas que reciben en los plenos

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos  exige al alcalde que ponga orden en los plenos y no permita los insultos y amenazas e incluso estudia adoptar medidas legales y pedir ayuda a la Subdelegación para garantizar la seguridad de los  concejales del PP durante los plenos

El 14 de noviembre, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos presentó en el registro una solicitud para que se respeten los derechos constitucionales de los miembros del grupo y los que la ley les confiere como parte de la Corporación, incluyendo además los que rigen las sesiones plenarias y que viene recogidos en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en relación a las intervenciones del asesor jurídico del Ayuntamiento, durante la sesión plenaria.

En dicha solicitud se pide al alcalde que ponga orden durante las sesiones plenarias y evite que se reproduzcan las mismas faltas de respeto, insultos y amenazas que los familiares, afiliados y simpatizantes, e incluso el secretario del ayuntamiento, dirigieron al equipo del Partido Popular por hacer su labor de oposición y realizar la crítica derivada del control y fiscalización al equipo de Gobierno.

El Grupo Municipal Popular ha criticado al equipo de Gobierno del PSOE por impedir que la oposición realice su trabajo en el pleno y por no mediar y pedir respeto al público simpatizante ni al mismo secretario del Ayuntamiento, más entretenido en ordenar y contestar directamente a las preguntas que desde el Grupo Municipal Popular se dirigían al equipo de Gobierno.

El Grupo Popular pretende que las sesiones se desarrollen con normalidad y que se garantice el respeto y la equidad, de no ser así, tomará medidas legales contra quienes permitan que se repitan los mismo hechos, contra quien, teniendo la competencia, no actúa en beneficio de todos y contra quien incumpla la ley. Estudian trasladar estas quejas al juzgado, al Defensor del Pueblo y a la Subdelegación del Gobierno para que garanticen su seguridad e integridad física y moral.

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