¡ALERTAS!

El nocivo dedazo y los poderes del Estado.

En todos los países democráticos la gente se enfada, a la luz de un elemental principio de justicia, viendo que la mayoría de cargos de los gobiernos, partidos, y candidatos a los mejores puestos en las elecciones, llegan a sus despachos desde el dedo de uno o de pocos líderes.

Mucho se dice de esto, pero poco se puede hacer: si los electores dan por bueno, aunque se quejen, este sistema de provisión basado en la confianza de los que, por su parte, tienen el acierto de encumbrarse en el poder (gracias, también a su vez, a su cercanía con élites y poderes fácticos), el sistema no cambiará. Pero extender esta forma de ascenso social y profesional a otras instituciones democráticas que no deben responder a la decisión partidaria ocasional, es una auténtica barbaridad funcional, que dinamita el espíritu de poderes y órganos esencialmente independientes, como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

Cuando las constituciones democráticas o cualesquiera leyes imponen mayorías cualificadas para elegir a los miembros de estas instancias, lo que persiguen es un consenso en la búsqueda de los mejores perfiles, por capacidad u otra virtud de relevancia pública que se acomode a las competencias de cada órgano, y ello no puede ser interpretado como un reparto de cuotas para que gobiernos y fuerzas parlamentarias sigan en ese campo desarrollando su inefable costumbre de colocar a los amigos.

Como por ejemplo ha pasado en el Consejo General del Poder Judicial otras veces, y pasará ahora si no hay un milagro, la bronca entre partidos no se centra apenas en los candidatos/as a las vocalías, lo cual sería lógico, sino que se focaliza en los puestos que cada uno “propondría” para que, llegado a un acuerdo en la cuota, en el número, cada cual coloque sin oposición a los suyos. Muchas veces termina todo con magníficos vocales del Consejo o Magistrados del Constitucional, pero otras tantas, por la dinámica del sistema, concluye beneficiando a los perfiles más obedientes a los designantes, que no tendrán en la cabeza durante su mandato como principal preocupación otra cosa que su cercanía con partidos, corrientes y tendencias. Las personas de consenso, cualquiera que sea su origen, con credo propio y obediencia única a las obligaciones del cargo, no parten casi nunca con ventaja en estos procesos.

Enrique Belda

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