¡ALERTAS!

Acuerdo para regular el teletrabajo en el conjunto de las administraciones públicas

CSIF reclama ahora abordar el refuerzo de las plantillas, con un sistema público al límite a causa de la pandemia, y las retribuciones de los empleados públicos
 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el resto de organizaciones sindicales sobre el teletrabajo en la Administración Pública y que beneficiará a un colectivo formado por más de 121.000 empleados públicos en Castilla-La Mancha.
Este acuerdo supone una mejora de las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar. A partir de esta nueva regulación básica del teletrabajo, las diferentes administraciones podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se combinará la presencialidad y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la atención presencial a la ciudadanía.
El teletrabajo, tal y como defendió CSIF en la negociación, tendrá carácter voluntario, reversible y sin coste para el trabajador puesto que la Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para su actividad (las administraciones públicas que ya han regulado el teletrabajo en su ámbito tendrán 6 meses para adaptarse a esta premisa). Además, el personal que preste sus servicios mediante el teletrabajo tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, se muestra convencido de que esta modalidad laboral “también revertirá en una mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía”, además de que disminuirá el impacto ambiental, reducirá costes en infraestructuras y mejorará la integración de personas con discapacidad o en rehabilitación tras enfermedad.
Tras la firma de este acuerdo, CSIF reclama abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, la cual está poniendo el sistema al límite.
Borra también señala la necesidad de abordar la reducción de la temporalidad, el cumplimiento del IV Convenio Único del Personal Laboral en la Administración General del Estado y el mantenimiento del modelo de clases pasivas.

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